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🇨🇴 Tragedia minera en Zipaquirá: confirman la muerte de tres trabajadores atrapados en socavón ilegal
El gobernador Jorge Emilio Rey lamentó el suceso y pidió acciones urgentes contra la minería ilegal
Un accidente anunciado
La noche del miércoles 4 de junio de 2025 marcó una nueva tragedia minera en Colombia. En la vereda El Empalizado, jurisdicción del municipio de Zipaquirá (Cundinamarca), una explosión seguida de un derrumbe en una mina de carbón ilegal dejó a tres trabajadores atrapados bajo tierra.
Los organismos de emergencia activaron de inmediato un operativo de rescate, encabezado por bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía Nacional y la Agencia Nacional de Minería. Pero el terreno inestable y la acumulación de gases tóxicos complicaron las labores.
Más de 20 horas de angustia
Durante más de 20 horas, los rescatistas intentaron llegar hasta el punto donde quedaron sepultados los mineros. La esperanza se mantuvo hasta la noche del jueves 5 de junio, cuando se confirmó la peor noticia: los tres cuerpos fueron hallados sin vida a una profundidad de 180 metros.
La noticia fue confirmada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter). El mensaje generó una ola de reacciones de solidaridad y también de indignación por la persistencia de la minería ilegal en la región.
Comunicado oficial
“Tras más de 20 horas de labores de rescate, lamentamos confirmar la muerte de los tres mineros que quedaron atrapados”, escribió el mandatario. Rey también señaló que la Secretaría de Energía y Minas Sostenible brindará acompañamiento psicosocial a los familiares de las víctimas.
La publicación también recalcó que la mina en cuestión operaba sin autorización legal y que se encontraba en condición de clandestinidad, a pesar de haber sido sellada anteriormente.
Una mina con antecedentes
Según fuentes de la Gobernación y medios locales, la mina ya había sido objeto de cierre técnico por parte de la Agencia Nacional de Minería en años anteriores. Sin embargo, seguía en funcionamiento gracias a operaciones ilegales.
Los habitantes de la vereda El Empalizado habían denunciado anteriormente explosiones irregulares, tránsito nocturno de camiones y presencia de maquinaria en zonas no autorizadas. Todo indica que se ignoraron las alertas.
La Fiscalía entra en acción
La Fiscalía General de la Nación asumió el caso y abrió una investigación formal para establecer responsabilidades penales. Las primeras hipótesis apuntan a una sobrepresión de gas metano acumulado en el socavón, que habría originado la explosión.
Se investigarán también las posibles omisiones por parte de autoridades locales, así como la cadena de mando detrás de la operación minera ilegal.
¿Quiénes eran las víctimas?
Hasta el momento no se han revelado oficialmente los nombres de los tres trabajadores fallecidos, pero medios locales aseguran que todos eran residentes del mismo sector y trabajaban allí por necesidad, a pesar de conocer los riesgos.
Allegados relataron que se trataba de padres de familia con experiencia en minería artesanal, y que habían aceptado el trabajo por falta de oportunidades laborales en la región.
Riesgos ignorados
El derrumbe fue apenas el desenlace de un problema estructural. La minería ilegal, especialmente de carbón, ha proliferado en varias zonas de Cundinamarca, aprovechando la debilidad de controles y la precariedad económica.
En Zipaquirá y municipios cercanos como Cogua, Tausa y Nemocón, se ha reportado el incremento de bocaminas irregulares que emplean mano de obra sin contrato, ni medidas de seguridad industrial.
Un modelo de muerte
Colombia ha vivido múltiples tragedias similares. El país registra decenas de accidentes mineros al año, en su mayoría en operaciones no legalizadas. Según datos de la ANM, más del 60 % de estas emergencias ocurren en minas clandestinas.
Cada tragedia renueva el debate sobre la minería informal, pero las medidas de fondo rara vez se implementan con éxito. El caso de Zipaquirá es otro doloroso ejemplo de esta cadena de omisiones.
Reacciones del país
La confirmación de las muertes generó una oleada de mensajes de solidaridad, entre ellos los de la alcaldía de Zipaquirá, la Defensoría del Pueblo y varios congresistas del departamento. Las organizaciones sociales pidieron una intervención urgente del Gobierno Nacional.
Desde la Presidencia, aún no se ha emitido un comunicado oficial. No obstante, se espera que en las próximas horas el Ministerio de Minas entregue un pronunciamiento sobre las condiciones legales de esa zona minera.
Una llamada a la acción
El gobernador Rey concluyó su mensaje con un llamado a la acción institucional: “Debemos avanzar con firmeza contra la minería ilegal. No podemos seguir permitiendo que los más vulnerables pongan su vida en riesgo por falta de oportunidades dignas.”
La tragedia de Zipaquirá, como tantas otras, duele doble: por la pérdida de vidas inocentes y por la sensación de que fue evitable.
Un país que repite sus errores
Cada derrumbe, cada explosión, cada rescate tardío vuelve a poner sobre la mesa las mismas preguntas: ¿por qué siguen abiertas minas que ya fueron clausuradas? ¿Dónde están los controles efectivos? ¿Quién responde por las muertes?
En Zipaquirá, la comunidad no solo llora a sus muertos: también exige respuestas. Y sobre todo, acciones.