Grupos armados imponen el terror mientras el Estado guarda silencio
La violencia recrudece en las regiones
Colombia atraviesa una nueva ola de terror. El llamado “plan pistola”, ejecutado por grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, ya deja 23 miembros de la Fuerza Pública asesinados en lo que va de 2025, según confirmó este 30 de abril el noticiero Caracol. La escalada de violencia ha encendido las alarmas, pero el Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue sin tomar medidas de choque contra los actores armados.
Los policías, blanco directo
En los últimos días se han registrado ataques sistemáticos con explosivos, francotiradores y ráfagas de fusil contra uniformados en departamentos como Antioquia, Guaviare, Norte de Santander y Cauca. Las víctimas han sido policías en patrullajes, controles o incluso descansando en sus estaciones. La Fuerza Pública, a pesar de su entrenamiento y despliegue, parece abandonada por el alto gobierno.
Una respuesta que no llega
El Ministerio de Defensa ha limitado su reacción a ofrecer recompensas —hasta 500 millones de pesos por información sobre los cabecillas responsables—, mientras que el presidente Petro ha evitado pronunciamientos directos. Esta postura ha generado críticas tanto en la oposición como entre analistas de seguridad, que consideran que el gobierno no ha asumido con firmeza su responsabilidad frente al orden público.
Críticas desde todos los sectores
Líderes políticos, exgenerales retirados y asociaciones de policías han cuestionado la pasividad del Ejecutivo. “Mientras los criminales matan a nuestros hombres, el presidente está más preocupado por su agenda política que por proteger a quienes nos cuidan”, declaró un congresista de la oposición en rueda de prensa en Bogotá.
La ciudadanía, en medio del fuego cruzado
El impacto del “plan pistola” no solo lo sienten los uniformados. Varias ciudades han tenido que suspender clases presenciales, como ocurrió con el SENA en Barranquilla, por amenazas vinculadas a los grupos ilegales. La sensación de miedo se ha extendido a pueblos y corregimientos donde los habitantes denuncian ausencia total del Estado.
Los criminales mandan, el Estado no responde
En varios casos, los responsables de los atentados lograron escapar sin enfrentamientos, lo que demuestra la falta de inteligencia y reacción inmediata por parte de las autoridades. “Estamos huérfanos, aquí mandan los bandidos”, dijo un habitante de Caucasia tras un ataque en la zona.
¿Fracaso del “proceso de paz total”?
El gobierno Petro llegó con la bandera de la “paz total”, pero el plan ha sido duramente cuestionado. Lejos de desescalar el conflicto, los grupos armados se han fortalecido. Expertos en seguridad afirman que la tregua con bandas ilegales solo les dio tiempo y margen para reorganizarse y expandirse, mientras el Estado desactivaba ofensivas militares clave.
Las cifras de un país que sangra
23 policías asesinados en menos de cinco meses no es solo una cifra; es el reflejo de un Estado debilitado en su función más básica: proteger la vida. Y mientras tanto, ni un solo alto jefe criminal ha sido capturado en el marco de estos hechos.
Reclamos por una política de seguridad coherente
Desde diferentes gremios han pedido al presidente Petro que abandone la retórica ambigua y diseñe una estrategia nacional de seguridad efectiva. Se necesita fortalecer la inteligencia, mejorar el equipamiento de la Fuerza Pública y ejercer presencia sostenida en los territorios tomados por criminales.
El silencio de Petro en redes y medios
Hasta ahora, Gustavo Petro no se ha referido directamente a los asesinatos recientes. Su cuenta oficial de X (antes Twitter) se ha enfocado en reformas sociales y economía, pero nada sobre los policías caídos. Este silencio ha sido interpretado como indolencia por parte de las familias afectadas y de la opinión pública.
Un clima de inseguridad en aumento
Según cifras de organizaciones civiles, en varias zonas del país los homicidios, secuestros y extorsiones han aumentado en 2025. “Este es el peor año en materia de seguridad desde 2016”, indicó un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El clamor de las familias
Las esposas, hijos y padres de los policías asesinados han salido a exigir justicia. Algunos funerales se han realizado sin presencia del Estado ni gestos de condolencia oficiales. “Mi hijo murió por proteger este país, y el presidente ni siquiera menciona su nombre”, dijo entre lágrimas la madre de un patrullero asesinado en el Cauca.
Peticiones a organismos internacionales
Varias ONG han elevado denuncias ante la ONU y la CIDH solicitando seguimiento a la política de seguridad del Gobierno Petro, por considerar que ha vulnerado el derecho de los uniformados a la protección estatal.
Colombia pide acciones, no discursos
El país espera respuestas. Las cifras aumentan, el miedo crece y la violencia no da tregua. La sociedad colombiana ya no quiere más promesas de paz sin justicia ni impunidad disfrazada de reconciliación. La hora de actuar es ahora.