La tradición folclórica se mezcla con un mercado informal
El Festival Folclórico Colombiano 2025 dejó no solo música, comparsas y tradición, sino también una polémica que se repitió en cada desfile: la instalación y cobro por sillas Rimax en pleno espacio público. Ciudadanos denunciaron que en las principales avenidas de Ibagué fueron ocupados los andenes y bordes de las calles con filas de sillas que se alquilaban por sumas elevadas, afectando a quienes llegaban con la intención de disfrutar del evento de forma libre.
Las quejas comenzaron desde el desfile de San Juan
Durante el desfile de San Juan, varios asistentes se mostraron inconformes al descubrir que todo el espacio visible ya estaba ocupado por sillas plásticas. Los precios fluctuaban entre 30.000 y 60.000 pesos por puesto, cobrados por personas que sin ningún tipo de identificación oficial se atribuían el derecho de alquilar espacio público.
Autoridades anuncian sanciones contundentes
Frente a esta situación, las autoridades municipales salieron al paso. La Secretaría de Gobierno recordó que el uso indebido del espacio público acarrea sanciones económicas, decomiso de mobiliario y procesos administrativos. En varios operativos se incautaron decenas de sillas y se advirtió que la práctica está totalmente prohibida.
Más de 200 sillas fueron retiradas
En los controles más recientes, más de 200 sillas fueron retiradas de la carrera Tercera y otras vías donde los comerciantes improvisados habían montado zonas de cobro. Las autoridades buscan garantizar que los desfiles sigan siendo eventos populares, accesibles para todos los ciudadanos.
Los cobros iban desde $30.000 hasta $80.000 por silla
El negocio informal de las sillas en el Festival Folclórico de Ibagué llegó a niveles impensables. En varios puntos del recorrido, ciudadanos denunciaron que el alquiler de una silla Rimax costaba entre $30.000 y $80.000, dependiendo de la cercanía al desfile. Algunos puestos con mejor visibilidad incluso incluían sombrilla y cobro por adelantado. Esta práctica dejó por fuera a muchas familias que no podían pagar esos montos y convirtió un evento tradicional en un espectáculo excluyente. Para muchos, sentarse a ver el folclor se volvió un lujo.
Comerciantes denuncian falsos funcionarios
A la problemática se sumó una modalidad alarmante: individuos que se hacen pasar por funcionarios de la Alcaldía para cobrar permisos falsos a vendedores y transeúntes. Esta práctica también está siendo investigada y se hizo un llamado a la ciudadanía para que no entregue dinero sin verificación previa.
El hartazgo ciudadano estalló en redes
Las redes sociales se llenaron de quejas. Decenas de usuarios compartieron fotos y videos mostrando la ocupación del espacio público. Familias que madrugaron para encontrar un buen lugar se vieron desplazadas por quienes habían llegado antes para montar sillas y luego alquilarlas como si fueran dueños de la vía.
Palcos autorizados versus sillas privatizadas
Mientras los palcos oficiales fueron autorizados por la administración municipal y ofrecían condiciones técnicas y de seguridad, estas sillas informales no contaban con control alguno. Aun así, en muchos casos, sus precios eran más altos que los de los palcos formales, lo que generó aún más indignación.
Impacto en la experiencia del desfile
La consecuencia directa fue la afectación del público asistente. Muchos ciudadanos se quedaron de pie o alejados del recorrido principal, sintiendo que un evento que debía ser gratuito y popular se estaba convirtiendo en un espectáculo segmentado, donde la vista dependía del poder adquisitivo.
Autoridades refuerzan presencia en la calle
Tras las quejas, las autoridades reforzaron su presencia en las zonas críticas. Agentes de Policía y funcionarios de Espacio Público se desplegaron desde tempranas horas en los siguientes eventos para impedir la instalación anticipada de sillas o estructuras improvisadas.
Consecuencias legales claras
Quienes reincidan en el uso indebido del espacio público podrían enfrentar sanciones que incluyen multas cercanas al millón de pesos, decomisos permanentes e incluso procesos sancionatorios ante la Inspección de Policía. El mensaje es claro: las calles son de todos.
Policía intervino y sancionó en caliente
Durante el desfile de San Pedro, se observaron resultados más positivos. La presencia de uniformados y funcionarios impidió que se repitiera la masiva ocupación de andenes por parte de comerciantes informales. Se reportó una reducción en los puntos de cobro ilícito.
Testimonios de ciudadanos desplazados
Asistentes entrevistados manifestaron su frustración. Aseguraron haber llegado a las seis de la mañana para asegurarse un buen puesto, pero ya no había espacio disponible sin pagar. La sensación generalizada fue de impotencia y de haber perdido el sentido tradicional del festival.
El Festival, sin perder la esencia
A pesar de la polémica, el Festival Folclórico mantuvo su esencia cultural. Las agrupaciones participantes, las bandas y las comparsas entregaron espectáculos de alta calidad. Sin embargo, la discusión sobre el acceso libre se impuso en la conversación ciudadana.
Opciones oficiales y asequibles quedaron relegadas
La existencia de graderías públicas no fue suficiente para frenar el avance de estas prácticas. Muchos asistentes, al no saber de estas opciones formales o por comodidad, terminaron pagando a los informales, sin pensar en la legalidad de la acción.
El dilema entre comodidad y legalidad
El problema deja al descubierto una tensión permanente en eventos masivos: la búsqueda de comodidad frente al respeto por las normas. Para algunos, pagar por una silla es práctico. Para otros, representa la apropiación indebida del espacio colectivo.
¿Quién regula realmente el espacio público?
La ciudadanía se pregunta dónde comienza y termina la responsabilidad institucional. Aunque los controles fueron visibles en los últimos días, la aparición de estas sillas desde el primer desfile evidenció una falta de previsión o una permisividad que generó caos.
Lecciones para el futuro
La Alcaldía reconoció la necesidad de mejorar la planeación para futuros eventos. Se espera que en las próximas ediciones del Festival Folclórico se definan áreas más claras para espectadores y zonas intocables que garanticen el acceso libre y sin barreras.
Llamado ciudadano a denunciar
La participación activa de la ciudadanía es clave. Las autoridades insistieron en que los asistentes deben reportar de inmediato la instalación de sillas o cobros irregulares, para que se pueda actuar sin dilación.
Cultura versus negocio informal
La polémica demuestra cómo una celebración cultural puede verse distorsionada por prácticas que no aportan al valor del evento. El Festival Folclórico de Ibagué merece ser disfrutado en igualdad de condiciones por todos.
Recuperar la esencia del espacio colectivo
El reto de las autoridades es recuperar el sentido público de las calles y los desfiles. El festival no debe dividirse entre quienes pueden pagar una silla y quienes no. La cultura, como el espacio público, pertenece a todos.