Por: Miler Acuña
La letalidad del 45% y la rápida expansión del virus obligan al Gobierno colombiano a declarar emergencia sanitaria y económica en 22 municipios del departamento.
El departamento del Tolima, en el centro de Colombia, atraviesa una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años tras la confirmación de un brote de fiebre amarilla que ha cobrado la vida de al menos 34 personas y dejado 74 casos registrados hasta la fecha.
La propagación del virus, transmitido por mosquitos del género Aedes, ha encendido las alarmas en el sistema de salud nacional, debido a su alta tasa de letalidad del 45.3%. Esta cifra convierte el brote en uno de los más letales en la historia reciente del país.
La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda hemorrágica que puede prevenirse mediante vacunación, pero la baja cobertura en algunas zonas rurales del Tolima ha permitido su expansión acelerada.
El virus ya ha sido detectado en 22 municipios, entre ellos Ataco, Villarrica, Dolores, Prado, Icononzo, Alpujarra, Cunday y Purificación, considerados ahora como zonas de alto riesgo epidemiológico.
Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria y económica en el departamento, una medida que permitirá movilizar recursos de manera extraordinaria para contener el brote.
Con la emergencia en curso, se han desplegado 189 puestos de vacunación y brigadas móviles en zonas rurales, así como controles sanitarios en las principales vías de acceso al departamento.
Más de 100.000 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla han sido aplicadas desde que inició la campaña de contención, la cual prioriza a niños desde los 9 meses y adultos hasta los 59 años.
El Ministerio de Salud ha solicitado a la población vacunarse al menos 10 días antes de ingresar a zonas endémicas o con presencia del virus. La vacuna es gratuita, de una sola dosis y altamente eficaz.
Además de la vacunación, se están intensificando las labores de fumigación en barrios y veredas, junto con campañas educativas para eliminar criaderos del mosquito transmisor en hogares, escuelas y centros comunitarios.
El presidente Gustavo Petro anunció que la emergencia permite emitir decretos con fuerza de ley, para acelerar la respuesta institucional sin necesidad de trámite legislativo. Esta figura será clave en la distribución de recursos y atención médica.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, criticó la falta de apoyo oportuno del Gobierno en las primeras fases del brote, pero ha reafirmado su compromiso para trabajar conjuntamente en la mitigación del problema.
Por su parte, las EPS han sido convocadas a fortalecer la red de atención primaria, especialmente en municipios rurales donde la capacidad hospitalaria es limitada.
El Instituto Nacional de Salud (INS) continúa monitoreando la situación y ha advertido que hay riesgo de expansión hacia otros departamentos como Huila, Caquetá, Meta y Putumayo, así como regiones fronterizas con Brasil y Ecuador.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha ofrecido asistencia técnica y apoyo logístico para reforzar la cadena de frío de las vacunas, además de evaluar la posibilidad de declarar alerta internacional si el brote se desborda.
Mientras tanto, las autoridades piden a la ciudadanía mantener la calma, acudir a vacunarse y colaborar con las campañas de control del mosquito. La prevención es, por ahora, la mejor herramienta frente a esta emergencia.